lunes, 5 de marzo de 2012

UN SEXENIO DE RETROCESO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

TÓPICOS DE DERECHOS HUMANOS
Asunto: Compromiso cumplido
UN SEXENIO DE RETROCESO PARA LOS DERECHOS HUMANOS
José Enrique González Ruiz
Beneficiaria de las luchas de la izquierda,
    la derecha panista ha comprobado ser;                    
ineficiente, represiva y rapaz.
La Alternancia que muchas ilusiones trajo
El año 2000 fue importante en la historia de México porque, a golpe de voto, fue derrotado el partido de Estado y llegó a la presidencia de la República un abanderado del Partido Acción Nacional: Vicente Fox Quesada. Las ilusiones fueron tantas, que hubo quienes hablaron de una transición política similar a la española al término de la dictadura de Francisco Franco. Un militante del PAN comparó el triunfo del guanajuatense con la gesta de la independencia nacional. De ese tamaño fue la desilusión de quienes confiaron en él, pues sumó fracaso tras fracaso.
Por la importancia del papel que jugó al frente del Instituto Federal Electoral, citaremos a uno de los beneficiarios de ese fenómeno histórico, José Woldemberg, quien colmado de entusiasmo sintetizó así lo que dijo en una conferencia dictada en la Universidad Internacional de Florida: [1]
1) El proceso de cambio político en México ha tenido como condición indispensable el respeto al voto. Para eso se ha levantado un enorme edificio con múltiples requisitos técnicos. La historia política de México, en el último tramo del siglo, no puede ser entendida si no es en torno a ese objetivo fundamental. Sobre ese requisito descansa la confianza y el consenso de las grandes fuerzas y los intereses políticos del país.
2) Las elecciones del año 2000 fueron limpias, por su organización, por sus instrumentos, por la vigilancia y por la serie de candados y previsiones que impone la ley. La limpieza electoral no depende del resultado. Si hubiere ganado cualquier otro candidato, hubiéramos tenido la misma pulcritud, el mismo aliño, la misma legalidad. Serían los mismos instrumentos, las mismas
Personas y los mismos vigilantes. Los resultados electorales en México ya no pueden ser explicados a partir de manipulaciones o de fraudes, sino de los méritos de partidos, candidatos y campañas.
3) Las elecciones -no la violencia- han demostrado ser la verdadera llave del cambio político. Todo su poder de transformación está ahí para quien quiera verlo. Las elecciones han alterado y siguen alterando todas las esferas de la vida política y muchas otras de la vida social y cultural. Han demostrado ser un instrumento eficaz, una vía transitable, un lugar de cruces donde pueden disputar, discutir y convivir lo más viejo y lo más nuevo, las posiciones políticas más encontradas, la pluralidad realmente existente. En definitiva, las elecciones son el método por el que ha optado la sociedad mexicana.
4) Por eso hay que mantener la puerta abierta. México es una comunidad extraordinariamente viva y cambiante. Su unidad básica depende de la credibilidad, la flexibilidad y la apertura de su marco democrático. Todos aquellos grupos que optaron por otras vías, deben saber que la puerta a la
Vida legal, al terreno electoral, permanece abierta y que en ella tienen un espacio fértil para crecer y consolidarse.
La democracia, una de las aspiraciones políticas más viejas de la nación, llegó por la vía de las elecciones. Durante casi dos décadas el país se empeñó en conseguir elecciones limpias, partidos fuertes, libertad política... y lo logró.
Semejante optimismo carecía por completo de sustento. La elección de 2006 demostró que el aparato del Estado seguía habilitado para consumar fraudes electorales, aunque ahora hubiese varios partidos políticos en contienda. Con todo y el enorme edificio electoral de que hablaba Woldemberg, el voto fue irrespetado; no fueron los méritos de los partidos los que determinaron la llegada de Calderón a la primera magistratura, sino la manipulación de las instituciones y los procesos comiciales; los más viejo del sistema político mexicano se impuso (no convivió con) a lo nuevo; y no arribó la democracia a nuestro país, sino una caricatura de ella.
Los derechos civiles y políticos de las y los mexicanos fueron masivamente vulnerados en 2006, por actos del gobierno de Vicente Fox, que llevaron a su correligionario Felipe Calderón a la presidencia. Contó aquél con la complicidad de José Luis Ugalde, entonces presidente del IFE y de Leonel castillo González, a la sazón presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y, sobre todo, de la casta priista que decidió apoyar el fraude. Los analistas más prudentes, como Antonio Crespo,[2] llegaron a la conclusión de que la elección debió haberse anulado sin declarar vencedor. Habemos quienes pensamos que el triunfador fue Andrés Manuel López Obrador.
Nuestra legítima aspiración a una vida democrática, postulada como principio constitucional desde hace muchas décadas, fue de nuevo burlada. No vivimos ninguna transición política, mucho menos democrática. Simplemente tuvimos una alternancia de partidos en el gobierno, cuyos efectos no satisfacen los afanes de las y los mexicanos.
También en materia de Guerra Sucia fue Fox un completo fiasco: en campaña ofreció que promovería la creación de una Comisión de la Verdad que, sin ataduras con el poder, indagara y llevara ante la justicia a los autores de los crímenes del Priato. Pero a la hora de los hechos parió un ratoncillo llamado Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que terminó sus días en pena y sin gloria en medio del fracaso. Y es que la hizo depender de la PGR, cuyo titular era el general Rafael Marcial Macedo de la Concha, quien obviamente nada hizo por enjuiciar a los militares que han participado en la inhumana represión.
Tampoco hubo seriedad en la propuesta de castigar las grandes ratería del régimen del PRI: cuando el gobierno panista amenazó con investigar el saqueo de PEMEX durante el mandato de Rogelio Montemayor Seguy, los priistas contestaron la a denuncia a “Los Amigos de Fox” y todo quedó como estaba.
La sangrienta Guerra “contra el crimen organizado”
El 13 de septiembre de 2008, el derechista periódico La Crónica, publicó lo siguiente:
Felipe Calderón
aseguró que es momento de actuar y calificó de imprescindible, que todos los que firmaron el Acuerdo por la Seguridad y la Justicia “pasemos de las palabras a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México”, que son la criminalidad y sus aliados: la impunidad y la inseguridad. Aseguró que en la guerra contra la delincuencia no habrá tregua ni cuartel. “No claudicaremos ni titubearemos en esta lucha ni daremos un paso atrás”, afirmó el mandatario en la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar. Desde las instalaciones del Colegio Militar reafirmó el compromiso y la determinación de su gobierno en cumplir cabalmente todos y cada uno de los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Acompañado por los integrantes del Gabinete de Seguridad, así como de los presidentes del Senado, Cámara de Diputados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Jefe del Ejecutivo sostuvo: “Esta guerra, la vamos a ganar con el apoyo y participación de todos, porque somos más, muchos más, 105 millones de mexicanos los que queremos la paz, una vida digna, tranquila, libre, segura para nuestras familias, los que imaginamos un México libre y pacífico. Somos más, muchos más en fuerza, en superioridad moral, en capacidad e integridad ética los mexicanos que queremos patria para el futuro
Ya para entonces, el gobierno panista había sacado al ejército de sus cuarteles para asignarle funciones de policía. Las calles, plazas y veredas de nuestro país se estremecieron al ver la creciente presencia de las fuerzas armadas en la vida cotidiana de la sociedad. Desde ese momento el eje de la política sexenal fue el tema de la violencia. Jugaban ya su papel los compromisos adquiridos por Calderón con los norteamericanos, mediante la Iniciativa Mérida, gemela del Plan Colombia. Fox había suscrito antes la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y los inicios de la propia Iniciativa Mérida.[3]
Una guerra interna en México debería haber dado lugar a la aplicación del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, que se refiera a conflictos internos. Es importante mencionar que los cuatro Convenios de Ginebra contienen un artículo 3 idéntico, que amplía la protección general a los conflictos no internacionales. En virtud de este artículo, quienes hayan depuesto las armas o las personas que se encuentren fuera de combate por enfermedad o heridas deberán ser objeto de trato humanitario, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.
En particular, el artículo 3 prohíbe:
- “los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
- • la toma de rehenes;
- los atentados contra la dignidad personal, particularmente los tratos humillantes y degradantes;
- • las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
- Se recogerá y asistirá a los heridos y enfermos. El Comité Internacional de la Cruz Roja u otro organismo humanitario imparcial podrán ofrecer sus servicios.
Nada de esto se ha cumplido en la guerra de Calderón, cuyo saldo es a la fecha de alrededor de 60 mil personas muertas. Muy probablemente veremos a este personaje ante un Tribunal Internacional, pues los familiares de las víctimas nunca dejarán de clamar por la justicia.
Masiva ha sido la violación de derechos Humanos, debido a que las fuerzas castrenses han allanado viviendas y otros inmuebles, decomisado bienes, ejecutado extrajudicialmente y desaparecidos personas. Están también acusadas de tortura y otras atrocidades.
No funcionan los mecanismos ordinarios de Justicia
En teoría, vivimos en un Estado de Derecho, donde la autoridad está sujeta al marco estricto de la ley. En la práctica, el ejercicio del poder es casi discrecional; los funcionarios se permiten actuar por fuera de los márgenes legales. Y cuando las y los ciudadanos denunciamos hechos delictuosos perpetrados por servidor público (eufemismo con el que se denomina a los funcionarios), se deniega la justicia.
La impunidad es la regla y las excepciones casi no existen. Los familiares y las víctimas se han visto en la obligación de recurrir a las instancias internacionales, donde se han producido condenas al Estado Mexicano. Pero la impunidad continúa. La propia Humans Rights Watch, en carta de 24 de septiembre de 2010, dijo a Calderón: [4]
Lamentablemente, desde que su gobierno movilizó a decenas de miles de soldados para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico, se ha registrado un drástico incremento de las violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha comprobado que en más que 60 casos de abusos graves cometidos durante su gobierno, como ejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas, los responsables han sido militares. En ese mismo período, la Comisión recibió más de 4.000 denuncias solamente de presuntos abusos perpetrados por el Ejército. Es particularmente preocupante que la cantidad de denuncias e informes de violaciones de derechos humanos por parte de los militares ha aumentado notablemente año tras año durante su gobierno.Como se señaló anteriormente, la cantidad de violaciones de derechos humanos cometidas por militares aumentó drásticamente durante su gobierno. Una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos militares es que los casos quedan impunes. Y esta impunidad se debe, en gran parte, a que la mayoría de los casos terminan siendo investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que ha demostrado que carece de independencia e imparcialidad. La falta de condenas a soldados que cometen abusos graves demuestra que el sistema de justicia militar de México no permite una rendición de cuentas adecuada. Según los datos más recientes proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), durante su gobierno los tribunales militares han condenado a un sólo militar por cometer una violación de derechos humanos.Como sabe, en su decisión en el caso Radilla-Pacheco c. México de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales. La sentencia establece expresamente que en casos en que militares vulneren derechos humanos de civiles, "bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar".Su gobierno ha reiterado en varias oportunidades que se comprometía a cumplir plenamente con la decisión de la Corte. Lo exhortamos a cumplir este compromiso enviando una propuesta al Congreso a la brevedad posible para modificar el Código de Justicia Militar y asegurar que todos los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles sean investigados y juzgados por el sistema de justicia penal ordinario.
La utilización de las fuerzas armadas en tareas policíacas trajo múltiples y numerosas conculcaciones de los Derechos Humanos. Y aun cuando se produjo la sentencia de la Corte Interamericana (CoIDH), a la fecha no se ha modificado el Código de Justicia Militar, cuyo artículo 57 es claramente anticonstitucional, pues infringe el artículo 13 de la Carta Magna.
Desde la perspectiva del gobierno, el sometimiento a juicio de los miembros del ejército pone en peligro la lucha de éstos contra el crimen organizado. La verdad es que mientras más prestigio tengan los cuerpos armados, gozarán de más confianza de la población y podrán cumplir mejor sus tareas.
Tampoco en la investigación de crímenes de lesa humanidad han cumplido las autoridades. La Procuraduría General de la República no ha realizado una investigación efectiva de la desaparición forzada de dos militantes del Ejército Popular revolucionario, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos en Oaxaca hace casi cinco años por personeros del Estado mexicano. [5] No hay noticias serias sobre el paradero de estas dos personas, ni se ha detenido a los perpetradores del hecho.
La impunidad es la madre de todas las reincidencias. Este tipo de crímenes volverá a repetirse en nuestro país, mientras no se establezcan mecanismos efectivos para conocer la verdad, llevar a los culpables ante la justicia y forzar al Estado a dar garantías de no repetición.
Pero la sociedad mexicana no renuncia a la lucha
En 2008, la Constitución mexicana sufrió una de sus peores contrareformas. Los neoliberales en el poder consiguieron que se modificara para establecer un régimen de excepción para la delincuencia organizada. Con el pretexto de que las bandas criminales habían crecido desmesuradamente y era necesario frenarlas, se estableció un régimen jurídico especial, que abatió derechos fundamentales de la población.
El resultado no fue el prometido, pues la delincuencia organizada creció a niveles no vistos en la historia reciente del país y los ilícitos se multiplicaron a lo ancho y a lo profundo de nuestro territorio. Hay entidades enteras, como Tamaulipas y Michoacán, que son terreno propicio para la actuación de los criminales.[6] También las violaciones a los derechos humanos aumentaron en número y en intensidad. Se comprobó que la elevación de las penas y el tratamiento penal muy riguroso, no garantizan disminución de la delincuencia.
En sentido inverso al Estado, la sociedad civil venía luchando por un marco legal en materia de Derechos Humanos. Los organismos no gubernamentales y la Academia dieron – y siguen dando – un profundo debate, cuya demanda central es la armonización de la legislación nacional con la internacional en este tema. México y su orden normativo se habían quedado atrás, muy atrás, de las reglas de Derechos Humanos perfiladas en el sistema universal (y en el interamericano). Un ejemplo de ello es la institución del arraigo, que implica el Estado mexicano detiene para investigar, en lugar la investiga para detener.
Nuestra Constitución, que por mucho tiempo fue ejemplo de progresismo, se volvió un documento anacrónico.
Pero en junio de 2011 se aprobó una serie de modificaciones a la Constitución que recoge, en parte, los reclamos de la sociedad. Contribuyó enormemente al hecho de que México fue sentado en el banquillo de los acusados y condenado en 7 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que constituye un revés histórico para la clase política, que se ha beneficiado con la impunidad. De modo que hemos dado un paso que hay que valorar. Con prudente optimismo, decimos que en junio de 2011 avanzamos en lo conceptual; nos falta lo práctico.
Los cambios en concreto
El nuevo artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó redactado así:
Lo primero que destaca es la utilización del concepto “Persona”, para referirse a quienes habitamos o nos encontramos en la República Mexicana. Dejó de usarse las expresiones de “individuo” u “hombre”, con las que en el pasado se designó tanto a los varones como a las mujeres.
En el lenguaje jurídico, persona significa: --- Es un término más comprensivo, pues incluye no solamente a los seres con existencia Única, sino también a los creados por el Derecho: las personas colectivas o morales.
Será interesante ver la evolución que vaya dándose en nuestra vida jurídica, cuando vaya precisándose si las variedades civiles y mercantiles o los sindicatos y comunidades agrarias son o no titulares de Derechos Humanos.
Cuenta también las luchas dadas por las organizaciones de mujeres, que hace tiempo plantean que hay que terminar con las prácticas patriarcales que les restan derechos. Por lo pronto, el concepto persona se expresa en femenino.
La segunda cuestión importante es que se dejó de hablar de garantías individuales, para referirse ahora a los Derechos Humanos y sus garantías. Sin duda es ésta una denominación más amplia y completa.
Hace décadas que la Constitución mexicana reconoció los derechos sociales (agrarias, laborales, de colectividades, indígenas), ----- conceptualmente a las garantías individuales. Ahora hay más cancha para incluir todo el extenso desarrollo que han tenido los Derechos Humanos, a los que algunos clasifican en 3 y hasta en 4 generaciones. Esto indica que se han expandido y que reclaman un espacio y un reconocimiento mayores en la vida social.
Hasta la derecha quiso apropiarse de la paternidad de las reformas. José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario del Pan en la Cámara, las comparó con las constituciones de 1857 y 1917, que establecieron los derechos humanos y los derechos sociales. Dijo que son parte de la transición política que vive el país y que coinciden con los principios de doctrina de Acciòn Nacional[7].
Más allá de estas exaltaciones y exageraciones,
Una valoración inicial
Las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contienen algunos avances que pueden resultar positivos.
La más importante es, sin duda, la del artículo 1º que recoge el concepto "Derechos Humanos" para referirse a las prerrogativas esenciales de la persona, dejando atrás el de "Garantías Individuales" que por décadas se utilizó en México. Con ello, se abren varias vertientes:
1.- En lo sucesivo, los tratados internacionales sobre derechos humanos tendrán el mismo rango que la propia Constitución. Esto amplía sensiblemente el marco de protección de las personas.
2.- Se adopta el principio pro persona al interpretar las leyes, pues se buscará ofrecer en todo tiempo la mayor protección posible.
3.- Se otorga rango constitucional a los principios que rigen los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
4.- Se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos.
De suma importancia es que se establezca constitucionalmente la prohibición de discriminar a las personas por sus preferencias sexuales, pues éste ha sido un tema de intenso debate con los sectores más conservadores de nuestra sociedad.
También es relevante la obligación que se impone a quienes están a cargo de la educación, a impartirla conforme a principios democráticos y de respeto a los derechos humanos. Esto conlleva a la modificación de los planes de estudio de todos los niveles educativos del país, para transversalizar estos derechos en todos los programas y niveles educacionales.
Pero bien sabemos que no basta con dictar normas, sino que hay que seguir luchando para que se conviertan en realidad. Muchos postulados de nuestra Carta Magna siguen siendo de papel.
El balance es negativo para Calderón
60 mil son muchos, muchísimos muertos. Ninguno de ellos es simple número, pues todas y todos estaban dotados de dignidad. Calderón es responsable de que el país haya llegado a esos extremos y de la persistencia de la impunidad. Los hechos lo acusan y los tribunales internacionales lo esperan.
2 de marzo del 2012.
1.- Tomado de Internet, el 28 de febrero de 2012.
[2] 2006: hablan las actas. Las debilidades de la Autoridad Electoral Mexicana. (Debate, Random House Mondadori, 2008).
[3] El nivel de intromisión de la administración Obama en asuntos soberanos de nuestro país se demuestra por la declaración de la secretaria de seguridad nacional de USA, Janet Napolitano, a quien la SEGOB señaló primero como dispuesta a mandar asesinar al Chapo Guzmán, como lo hicieron con Osama Bin Laden, para después corregir la versión y decir simplemente que (los norteamericanos) “somos persistentes cuando se trata de quienes obran mal y causan daño a nuestros dos países” La Jornada, 28 de febrero del 2012, página 5.
[4] Tomado de Internet, 29 de febrero del 2012.
[5] Véase “Desapariciones Forzadas en Mèxico. Documentos del proceso de Mediación entre el PDPR-EPR y gobierno federal”, edición de Serapaz, México, 2011.
[6] En los noticiarios de Mileno televisión, escuchamos las amenazas que los criminales lanzaron contra los votantes si no votaban por el PRI. Después supimos que las autoridades anularon la elección únicamente en el ámbito municipal (no en el estatal), con el agravante de que, al reponerse el comicio, participaron los mismos que habían originado las irregularidades.
[7] Prólogo al libro “La Reforma Humanista. Derechos Humanos y cambio Constitucional en México”, edición de la Fundación Konrad Adenauer y otroa, 2001, pp. 5-8. 

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